El rescate de los planes de movilidad urbana sostenible en España

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La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su artículos 99 al 106, se ocupa de la movilidad sostenible y promueve la realización de planes de movilidad sostenible supeditando la concesión de subvenciones estatales al transporte público urbano o metropolitano a la puesta en marcha de estos planes. A estos mismos planes de movilidad se refieren las prolijas normas que emanan de nuestros legisladores autonómicos.

Por tanto existe un cierto marco legal y, desde distintos organismos, se ha propiciado con ayudas oficiales, y con metodologías precisas, la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible (PMS) que en la mayoría de los casos han quedado reducidos al ámbito municipal, lo que se conoce como Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

A pesar de que la movilidad trasciende al ámbito territorial de los municipios, han sido pocos los Ayuntamientos que han optado por formas asociativas o mancomunadas para desarrollar los Planes de Movilidad.
Además, como la Ley de Economía Sostenible, supedita la concesión de subvenciones estatales al transporte público urbano o metropolitano únicamente a la puesta en marcha de estos planes, lo que precisa el Ayuntamiento es remitir la certificación de que dicho PMUS ha sido aprobado en un pleno municipal, para percibir la pertinente autorización para percibir la la subvención. Por consiguiente, la “pegatina” de Ayuntamiento con PMUS se otorga por el mero hecho de que éste apruebe en un pleno un documento y se utiliza en muchos casos como póliza para cobrar subvenciones.

Hoy, nadie concebiría que una ciudad no tuviese un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es un instrumento básico de ordenación integral de un territorio, generalmente de ámbito municipal, mediante el cual se clasifica el suelo y el régimen aplicable al mismo, a la vez que se definen los elementos fundamentales del sistema de equipamientos del municipio.

El PGOU está definido por la normativa urbanística de nuestro país y como tal norma es obligatoria; nadie pone en duda la necesidad de la existencia de un PGOU, otra cosa es que se discuta la idoneidad de los mismos por los sesgos de intereses económicos y políticos que, a veces, pueden surgir en su redacción.
Los PGOU se refieren a la ordenación del suelo pero, lamentablemente, pocas veces se detienen en la consideración de la movilidad urbana, a pesar de la relevancia que la misma tiene en el presente y futuro de nuestras ciudades.
Los PMUS, que tienen una tradición de poco más de diez años, no disponen de un apoyo normativo y legal tan potente como es el caso de los PGOU, siendo la precitada Ley de Economía Sostenible la que empieza a considerarlos, aunque de manera parcial, pues se conforma con condicionar, como antes señalamos, la obtención de ciertas subvenciones a la existencia de un PMUS aprobado, sin entrar en el grado de ejecución del mismo.
Sin embargo, aunque los PMUS no dispongan de un arropamiento legislativo consistente, si existen metodologías, desarrolladas desde la UE y desde organismos públicos españoles, que permiten la elaboración de los mismos y, lo que es más importante, existe la constatación de los resultados de estas buenas prácticas en las ciudades que los han ejecutado
Desgraciadamente los PMUS, de los que presumen muchas ciudades, en la práctica son documentos que, aunque suelen aparecer en la correspondiente web municipal, no se están llevando a la práctica; de hecho, en demasiados casos, reposan en la respectiva estantería, junto a todos esos proyectos en lo que se ha gastado dinero público, pero que nunca se ejecutarán.

La mayoría de nuestras ciudades, durante años, ha sido diseñadas pensando únicamente en el tráfico del automóvil privado y este diseño, antes temprano que tarde, debe ser modificado, cambiando el orden de prioridades (1)-peatón, (2)-transporte público y (3)-transporte privado.

El objetivo final de un PMUS es organizar la movilidad de la manera más sostenible posible y eso solamente se consigue reduciendo el uso de medios de transporte motorizados privados, con actuaciones que faciliten su traspaso a modos de transporte público y la adecuación de las calles para facilitar la accesibilidad peatonal; esta son las razones principales por lo que abogamos por el rescate de los PMUS y por la ejecución de los mismos.

Manuel Ríos Pérez, Profesor del Departamento de Edificación y Urbanismo de la Universidad de Alicante.

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